Informe de monitoreo con recomendaciones
Organizaciones de la sociedad civil dan a conocer el presente informe teniendo como referencia los derechos humanos y las obligaciones del Estado en la materia, este Informe analiza algunas decisiones de política energética del Gobierno de México tomadas en los últimos dos años. Estas decisiones se enmarcan en una reforma constitucional y legal en materia energética instrumentada por el gobierno que le antecedió; en una reforma que no ha sido revisada en lo sustantivo y sus impactos en derechos humanos preocupan y ocupan a organizaciones de la sociedad civil. Así, luego de referir algunos antecedentes, se repasa la situación actual y los derechos vulnerados o en riesgo de ser vulnerados por las políticas públicas y las decisiones tomadas en materia energética. También, se revisan los grupos de población más fuertemente impactados, especialmente aquellos que históricamente sufren condiciones estructurales de discriminación y vulnerabilidad. El informe concluye con la formulación de algunas recomendaciones encaminadas a promover una transición energética justa, con perspectiva de derechos humanos, interseccional y de género que abone a las medidas que el país debe adoptar ante la emergencia climática global.
Si las decisiones del Estado mexicano continúan promoviendo el consumo de combustibles fósiles, limitando la participación en la matriz energética de las energías renovables y reduciendo el presupuesto destinado a las instituciones dedicadas a combatir el cambio climático, proteger el medioambiente y los derechos humanos, el problema del cambio climático exacerbará sus impactos tanto en el medioambiente como en las personas y aumentará las condiciones de vulnerabilidad y las desigualdades sociales en el territorio nacional.
La política energética, igual que todas las políticas públicas, debe armonizarse y ser congruente con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, reparar y sancionar sus violaciones, en vez de restringir, obstaculizar o afectar estos derechos. De este modo, al diseñar y poner en marcha políticas públicas y acuerdos de inversión, producción, distribución y uso de energía, el Estado debe asegurar, regular y vigilar que la actividad de las empresas públicas y privadas sea respetuosa y conforme a la diligencia debida en materia de derechos humanos; y que la transición energética se conciba no únicamente como un proceso técnico para cambiar de una forma de energía a otra, sino como una transformación estructural del sector basada en principios ambientales, de derechos humanos, incluidos los laborales y de igualdad de género, cuidando el impulso a las energías renovables que no reproduzcan las prácticas extractivas cuyas afectaciones están ampliamente documentadas. En el mismo sentido, para una transición energética justa deberá diseñarse una política pública de transición laboral que proteja los derechos de las personas trabajadoras.
Consultar el informe en este link
Organizaciones adherentes al informe y sus recomendaciones:
- Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF).
- Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC).
- Centro de Colaboración Cívica (CCC).
- Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos” A.C. (CAM).
- Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA).
- Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA).
- Comité Pro-Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan A.C.
- Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias (COMCAUSA, A.C.).
- Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEJUDESC).
- Defensoría del Derecho a la Salud (DDS).
- Espacio Creativo Bajo Tierra A.C. (BTM).
- Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA).
- FoodFirst Information and Action Network, Sección México (FIAN México).
- Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT).
- Fundación Tláloc A.C.
- Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR).
- Greenpeace México, A.C.
- Grupo Focal de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos.
- Hábitat para la Humanidad México A.C.
- Iniciativa Climática de México (ICM).
- International Baby Food Action Network, México (IBFAN MÉXICO).
- Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL).
- Ombudsman Energía México (OEM).
- Organización Familia Pasta de Conchos.
- Oxfam México, A.C.
- Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
- Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
Que no se prioricen combustibles fósiles altamente contaminantes como el combustóleo, el carbón y el gas natural para producir la energía que necesitamos, sobre fuentes renovables que son más baratas y ayudan a combatir el cambio climático.