Kingston, Jamaica, 25 de marzo de 2024.- Con motivo de la 29ª reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), que comenzó el pasado 18 de marzo en Kingston, Jamaica, y finalizará el próximo viernes 29, los gobiernos del mundo están reunidos para debatir sobre la explotación minera de los fondos marinos en medio de un creciente rechazo social a esta práctica extractivista.
Esta reunión representa un momento crítico para el futuro de los océanos, ya que las empresas dedicadas a la minería en aguas profundas siguen presionando a los gobiernos para que acuerden una normativa o “código minero” que legitime la minería submarina. No sólo eso, algunas posturas incluso buscaron –sin éxito hasta ahora– obstaculizar el derecho a la protesta que ha encabezado Greenpeace Internacional.
El pasado viernes 22 de marzo, el Consejo de la ISA abordó durante tres horas la protesta pacífica que realizó Greenpeace en diciembre pasado contra NORI/The Metals Company [1] para evitar que iniciaran sus exploraciones en aguas profundas. Como parte de ese debate, Nauru —uno de los gobiernos patrocinadores de The Metals Company– propuso medidas que crearían una prohibición general de las protestas en el mar en torno a los buques mineros de aguas profundas, mediante la propuesta de crear “zonas seguras” de al menos 500 metros alrededor de estas embarcaciones, y exigió que se retirara a Greenpeace su condición de observador en la ISA.
Nauru, así como Michael Lodge, Secretario General de la ISA, recibieron muchas críticas de otros gobiernos por su intento de limitar la protesta de Greenpeace, por lo que estas propuestas ya no están a discusión por ahora y no se aprobaron medidas para limitar las protestas en el mar o la participación de Greenpeace en la ISA. Sin embargo, países como México y España apoyaron parcialmente las propuestas de Nauru durante sus intervenciones.
Con respecto a México, llamó la atención que el Embajador Juan José Gónzalez Mijares, representante de nuestro país ante la ISA, planteó una postura ambivalente en la que, por un lado, reconoce que no es competencia de la ISA sino de otras instancias, como la Organización Marítima Internacional, definir medidas para prevenir riesgos en torno a los buques mineros, mientras que por otro lado respaldó la postura de Nauru y se puso a su disposición para trabajar dichas medidas.
El apoyo a la propuesta de Nauru por parte del representante de México es preocupante dado que muestra una postura a favor de establecer límites al derecho a la protesta de organizaciones como Greenpeace que luchamos por la protección de los océanos y la biodiversidad marina. Frente a ello, pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores –quien en noviembre pasado comunicó públicamente que apoyaba la moratoria para retrasar la minería submarina– que clarifique su postura y envíe un mensaje congruente y contundente a nivel internacional sobre si está a favor o en contra de la protección de los océanos ante prácticas extractivistas de cuyos impactos sabemos poco o nada.
También es relevante que, como parte de los continuos intentos de la industria y de un puñado de gobiernos por apresurar la adopción de una normativa sobre minería submarina o “código minero”, la ISA publicó un “texto consolidado” de 225 páginas del proyecto de normativa minera pero que carecía de transparencia e incorporaba varias propuestas de la industria sin el acuerdo de los gobiernos o una atribución clara de cada una de dichas propuestas, incluidos los esfuerzos para debilitar el lenguaje de conservación y acelerar el inicio de la minería.
Frente a ello, varias delegaciones de América Latina, el Pacífico y Europa criticaron el texto consolidado del “código minero” por la falta de claridad sobre por qué se habían incluido algunas propuestas de texto y otras no.
Los gobiernos se opusieron con éxito a los intentos de llevar a cabo las negociaciones sobre el “código minero” a puerta cerrada y los avances siguen siendo lentos, ya que los gobiernos están más lejos que antes de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de esta normativa.
Sobre la petición de moratoria, hasta hace un año sólo un puñado de gobiernos la pedía y la industria de la minería de aguas profundas estaba segura de que obtendría luz verde para iniciar la explotación en 2024. Pero su apuesta les salió mal, ya que la petición de una moratoria ha crecido exponencialmente entre los gobiernos, con 24 naciones que ahora argumentan que tenemos que escuchar a la ciencia y salvaguardar nuestros océanos. La semana pasada Dinamarca anunció su apoyo a una pausa cautelar. El número de países que apoyan una pausa / moratoria / prohibición de la minería de aguas profundas es ahora de 25.
Un movimiento mundial de más de 2 millones de personas están pidiendo a los gobiernos que hagan historia votando a favor de una moratoria contra la explotación minera de los fondos marinos. Los debates al respecto tendrán lugar en julio en la próxima Asamblea de la AIS, formada por 167 Estados más la Unión Europea.
Materiales multimedia
https://media.greenpeace.org/Detail/27MZIFJFRTWNU
Notas
[1] Más información sobre la protesta de Greenpeace puede encontrarse aquí https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/02/deep-sea-miners-turn-water-hoses-on-greenpeace-activists-in-the-pacific#:~:text=Greenpeace%20activists%20from%20Mexico%2C%20Argentina,Coco’s%20crew%20from%20deploying%20equipment.