El día de ayer, lunes 28 de febrero, terminaron las sesiones del Parlamento Abierto que tuvieron por objetivo escuchar diferentes posturas en torno a la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar la Constitución en aspectos referentes al sector energético. Casualmente, el fin de la sesiones coincidió con la presentación del reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático, que nos hace otra llamada de atención respecto a la magnitud de la crisis climática que vivimos.
Ante este contexto es necesario preguntarse: ¿son estas modificaciones al sector eléctrico las que necesitamos para hacer frente al problema de la crisis climática y a la enorme inequidad energética? ¿El Parlamento Abierto es el tipo de espacio que necesitamos para combatir la polarización e integrar las voces de las comunidades que son impactadas por el sector energético y por la crisis climática?
Nosotros creemos que no, no es suficiente. Las modificaciones propuestas siguen teniendo como base a los combustibles fósiles y echando mano de algunos que deberían estar prohibidos por sus impactos a la salud y al medio ambiente como el carbón y el combustóleo. Siguen sin poner de manera contundente dentro de la discusión el tema de la equidad, tanto del acceso a la energía como de los impactos del sector energético y del cambio climático, originado principalmente por las emisiones de este sector. Espacios como el Parlamento Abierto han mostrado claramente sus limitaciones para integrar voces de diversos sectores y la metodología de participación ha buscado seguir abonando a esta polarización “a favor/en contra”. La realidad es de claroscuros, con aspectos sumamente positivos en la propuesta de modificación constitucional -como el referente al Artículo 27-, y otros que resultan cuestionables como el orden de despacho y el incremento de la dependencia al gas en la matriz eléctrica, el cual agudiza la dependencia energética con Estados Unidos.
Por tal motivo, las organizaciones agrupadas bajo la iniciativa “Combustibles Prohibidos”, y de la cual Greenpeace México forma parte, elaboró 8 puntos fundamentales a considerar para la construcción de la transición energética justa, socialmente incluyente y urgente que necesitamos. Puedes consultar el documento completo aquí en PDF. Aquí te presentamos los ocho puntos:
- Dejar de utilizar combustibles fósiles, empezando por el carbón y el combustóleo, para la generación de energía eléctrica. El orden de despacho de las centrales eléctricas deberá tomar en cuenta como prioridad criterios de justicia climática, sustentabilidad, emisiones, resiliencia, seguridad y confiabilidad. Las centrales de generación eléctrica con carbón y combustóleo pasarán al final del orden de despacho. Se deberá establecer un programa de retiro y sustitución de centrales altamente contaminantes antes del 2030, enfocado principalmente en las centrales termoeléctricas que utilizan combustóleo y carbón.
- Promover una transición energética justa. Ello significa definir de manera participativa una ruta lejos de los combustibles fósiles, que sea socialmente incluyente, con perspectiva de género, que atienda los impactos en las generaciones actuales y futuras, incorpore las necesidades de comunidades locales y garantice el respeto de los derechos humanos. Resulta imprescindible generar espacios de diálogo para desarrollar de forma colectiva programas sociales que detonen desarrollo local sustentable y diversifiquen la economía en comunidades donde se aplique el programa de retiro del carbón.
- Construir un sistema energético incluyente. Para lograr ese objetivo se requiere integrar las visiones y necesidades de todas y todos, así como asegurar la participación amplia, significativa y con representación efectiva de todos los sectores en los procesos de toma de decisión en el sector energético.
- Garantizar energía sustentable para todas y todos. Se deberán promover alternativas sustentables, descentralizadas y locales que permitan democratizar las tecnologías, garantizando el acceso, generar autosuficiencia energética, resiliencia climática e incentivar el bienestar entendiendo las necesidades y contextos locales.
- Eliminar las emisiones contaminantes. Para garantizar los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, se requiere contar con aire, agua y suelo saludables. Ello implica avanzar hacia la descarbonización de la economía y dejar de emitir a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero y partículas contaminantes, así como dejar de arrojar a nuestros cuerpos de agua descargas industriales, residuos peligrosos y derrames contaminantes de hidrocarburos.
- Distribuir con justicia los costos y los beneficios de la transición energética. Se pondrá énfasis en maximizar los beneficios locales sociales, económicos y ambientales y asegurar su distribución equitativa, entre sectores y entre las generaciones del presente y el futuro, de tal manera que se actúe con una mirada de justicia climática.
- Reducir la pobreza energética. Para alcanzar esta meta es necesario garantizar el acceso a la energía eléctrica de manera equitativa, asequible, segura y sustentable para todas las personas, principalmente para los grupos y personas históricamente excluidos. Este objetivo implica construir un marco regulatorio que incentive la implementación de proyectos de energía colectiva y comunitaria en espacios urbanos y rurales.
- Redirigir el gasto público destinado actualmente a combustibles fósiles. Urge reducir subsidios y presupuesto a proyectos de combustibles fósiles y canalizarlos a la transición energética como se describe en los puntos anteriores, así como a programas de adaptación y mitigación del cambio climático.