América del Norte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de Dióxido de carbono (CO2) del planeta y es la región con mayores emisiones per cápita del mundo, cuyo origen se encuentra, principalmente, en las actividades de la industria de energía: de extracción, transporte, refinamiento petrolero y gas, así como la producción de electricidad que, en su mayoría, se genera a partir de la quema de combustibles fósiles.
La reforma en el tratado de libre comercio de América del Norte (USMCA por sus siglas en inglés, United States–Mexico–Canada Agreement), lejos de representar un progreso en materia climática, es un revés a los ya insuficientes esfuerzos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero regionales y nacionales. El negacionismo de la administración de Trump logró imponer su agenda e ignorar, por completo, los efectos que tendrá el cambio climático en los tres países miembros y el impacto de la enorme cantidad de emisiones regionales.
El tratado garantiza el libre tránsito de combustibles fósiles en la región, poniendo énfasis en los mecanismos que permitirán la exportación del gas natural obtenido de los yacimientos no convencionales texanos y del norte de Estados Unidos a México y Canadá. Esto asegura a las compañías estadounidenses participación en el mercado energético del resto de la región y también asegura la permanencia de los combustibles fósiles en nuestras matrices energéticas sin dar cabida a una transición energética efectiva hacia fuentes renovables.
Adicionalmente, el tratado prohíbe cualquier cambio en las normativas locales que impacte las actividades del sector petrolero, por lo que cualquier intento de excluir a los privados de la actividad petrolera está bloqueado. De hecho, con el mecanismo de protección a las inversiones (ESD) las compañías estadounidenses podrán interponer recursos legales contra el estado mexicano cuando consideren que alguna legislación o modificación normativa afecta su operación. Esto resulta particularmente peligroso porque este mecanismo abre la puerta a las compañías a poder ampararse ante cualquier regulación medioambiental que resulte un revés para sus intereses económicos, que en la práctica representa un golpe duro a la soberanía nacional.