El sector apícola, ONG y personas de la sociedad civil protestamos contra la designación de Sol Ortiz García como coordinadora de la Estrategia Nacional de Polinizadores y pedimos la remoción de la funcionaria por conflicto de interés ya que durante su gestión como encargada de la Cibiogem desatendió las denuncias de las comunidades mayas por muerte de abejas en la Península de Yucatán en el marco de consulta indígena.
El pasado 3 de julio, 94 personas, colectivos y organizaciones enviaron una carta a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos, demandando la remoción de Sol Ortiz García como coordinadora de la elaboración de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores.
En la actualidad Sol Ortiz ocupa el cargo de directora general de Atención al Cambio Climático dentro de la Sader y hasta fines de noviembre de 2018 fungió como secretaría ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).
Mediante Comunicado 230/2019 de 10 de junio pasado, la Sader anunció que junto con la Semarnat, había sido instalado el Grupo de Coordinación de los Polinizadores para trabajar la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores en aras a presentarse en marzo de 2020, que implica la elaboración de un diagnóstico puntual sobre la situación de los polinizadores en coordinación con distintas instituciones gubernamentales, académicas y empresariales, impulso a nuevas investigaciones que fomenten alternativas de protección para estas especies y sistemas de producción más amigables con el medio ambiente. El 17 de junio los firmantes tuvieron conocimiento que la Doctora Sol Ortiz García sería la encargada de coordinar esta estrategia.
Su nombramiento ha levantado preocupación y consternación en el sector apícola, en particular entre las comunidades de apicultores mayas de la Península de Yucatán, junto con organizaciones, académicos y personas, demandando de manera tajante la remoción de esta funcionaria pública por fundadas razones.
La funcionaria no demuestra su vinculación con el tema de polinizadores y, sin embargo, sorpresivamente es encargada de elaborar la estrategia nacional relativa a polinizadores. Sol Ortiz no acredita ninguna experiencia en el tema de polinizadores pues de acuerdo a su currícula, de 2013 a fines de 2018 fungió como Secretaría ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); de 2009 a 2013, Directora Técnica de Información y Fomento a la Investigación de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM; de 2007 a 2009, Directora de Política y Normatividad de la Secretaría Ejecutiva de la misma Comisión; de 2004 a 2007, Coordinadora del Programa de Bioseguridad del Instituto Nacional de Ecología (hoy INECC) de la SEMARNAT; y finalmente, de 2001 a 2004, Asesora del Presidente de ese Instituto. En resumen, ninguna experiencia previa de trabajo con especies polinizadoras.
Por otro lado, el de 27 de noviembre de 2018, miembros de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, interpusieron ante el Órgano Interno de Control (OIC) del CONACYT, procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la Doctora Ortiz, expediente DE-86/2018, derivado de las violaciones a la ley que dicha servidora cometió como encargada de llevar a cabo la consulta indígena ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sentencia emitida en noviembre de 2015 por los ministros de la segunda sala, con motivo de la cancelación del permiso otorgado a la empresa Monsanto para la liberación comercial de soya genéticamente modificada (GM) resistente al herbicida glifosato, hasta en tanto no se realizara una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, apegada a los más altos estándares internacionales[1].
Durante el periodo que la Dra. Ortiz estuvo a cargo de la consulta maya (de marzo de 2016 a agosto de 2018) además de cometer actos discriminatorios, mostró desprecio por las preocupaciones ambientales, sociales, económicas y culturales expresadas por las comunidades indígenas del municipio de Hopelchén, Campeche, tales como: la presencia de glifosato en los mantos freáticos; el incremento de la deforestación en la región dada la expansión de los monocultivos y la contaminación de la miel por polen transgénico. En particular, la muerte de abejas por el incremento de fumigaciones aéreas en la Península de Yucatán fue un asunto de total desinterés por parte de la Dra. Sol Ortiz, preocupación planteada por las comunidades mayas. Las investigaciones en contra de esta funcionaria siguen su curso ante el OIC después de haber sido admitida la queja desde el 6 de diciembre de 2018.
El hecho de que continúe la investigación de posibles responsabilidades administrativas de esta servidora pública la coloca en una posición en la que puede mostrar parcialidad frente a las comunidades apícolas mayas, excluyéndolas de la garantía a gozar de los derechos a la información y participación, así como de ser consultadas en proyectos que puedan afectarles.
“Es vital que las comunidades apícolas de todo el país sean invitadas a participar en el proceso de elaboración y discusión de la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores, ya que como está acordado en el cronograma de trabajo, se establecerán reuniones periódicas y la organización de dos talleres, entre agosto y noviembre próximos, para conformar la estrategia que será presentada en marzo de 2020”. “A la fecha, los apicultores mayas de la Península de Yucatán no han sido invitados”, señaló María Colin, campañista legal de Greenpeace México.
“Es vital la remoción inmediata de la Doctora Sol Ortiz en un puesto de tal relevancia, demandando que en su lugar sea nombrada una persona con un destacado currículum, que acredite ser especialista y estudioso de los polinizadores, imparcial y sin conflicto de interés. Requisitos inexistentes en el caso de la Doctora Sol Ortiz”, señaló Colin.
[1] La consulta indígena comenzó en el municipio de Hopelchén, Campeche, a inicios de 2016 y quedó en suspenso a fines de agosto de 2018. Durante el tiempo que duró la consulta, la servidora denunciada cometió diversas irregularidades, desde la omisión en impedir la siembra de soya GM ilegal en Campeche, hasta la ejecución negligente y dolosa de sus funciones, pues desde 2016 se ha seguido sembrando soya GM de manera ilegal; durante las sesiones de consulta no garantizó condiciones de seguridad para las comunidades mayas al permitir la presencia de agricultores promotores de la siembra de soya GM; promovió la difusión de información parcial y tergiversada acerca de los beneficios de sembrar soya GM; pese a que desde las primeras sesiones de la consulta ya se había reconocido a los representantes de las comunidades mayas de las 34 comunidades de Hopelchén; después de varias sesiones, la Dra. Ortiz desconoció su representatividad hasta que no presentaran sus actas de nombramientos violando los usos y costumbres de las comunidades; irregularidades en el proceso de traducción al maya; actitudes discriminatorias hacia los miembros de las comunidades mayas, entre otros.