La información clara es clave para la toma de decisiones y la acción ciudadana a favor de nuestros derechos, por eso queremos explicarte con claridad y detalles en qué consiste el actual debate sobre el decreto presidencial de glifosato y maíz transgénico y por qué debería importarnos.
Primero. ¿Qué es un decreto y cuál es su relevancia?
Un decreto es un documento oficial que emiten las autoridades de gobierno para ordenar, indicar, describir, resolver o establecer acciones y medidas con respecto a un tema de importancia pública. Por definición son disposiciones legislativas que se aplican a casos muy concretos y que pueden tener vigencia sólo durante cierto tiempo y dentro de un espacio específico.
Aunque, el Poder Legislativo es el que da origen a las leyes, existen casos de excepción contemplados en la Constitución que le dan al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en casos extraordinarios que exigirán soluciones urgentes. En un caso concreto, la Constitución autoriza al presidente a poner normas que todos deben acatar. Este tipo de normas que impone el presidente -sin que el Congreso de la Unión legisle previamente- llevan por nombre decretos.
¿Qué decreto está en debate?
El 23 de octubre del presente año fue publicada una propuesta de decreto presidencial sobre glifosato y maíz transgénico en la plataforma CONAMER. Este decreto está relacionada con la regulación del glifosato, que es el herbicidas más utilizados en el mundo, que ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno” y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica.
Este Decreto en particular fue elaborado por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos, y el Consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer en nombre del Presidente Constitucional. Posteriormente la SADER publicó en la Comisión de Mejora Regulatoria (CONAMER) y dispuesto a consulta pública en su plataforma.
Dicha propuesta es idéntica a la que ha sido publicada en dos ocasiones previas, ante la misma dependencia y esta propuesta sólo menciona que las instituciones involucradas deberán realizar más investigaciones en torno a la “seguridad” del glifosato, en lugar de mencionar su prohibición hacia 2024 y la prohibición del maíz transgénico en el territorio nacional. Aún cuando ya se han comprobado en diversas investigaciones científicas los resultados alarmantes sobre las afectaciones a la salud de las personas y al medio ambiente del glifosato y los transgénicos.
La primera vez que se publicó una propuesta de decreto igual a la actual en la CONAMER, fue en el mes de junio y la segunda en el mes de agosto, en ambas ocasiones la propuesta se dió de baja de la plataforma a pesar de los esfuerzos del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, y el Consejero de Presidencia, Julio Scherer, por presionar e intentar contradecir las declaraciones del presidente.
¿Cuáles son las declaraciones del presidente?
El Presidente Andrés Manuel López Obrador en agosto de 2020, antes de que se presentara la actual propuesta de decreto, declaró que en su gobierno se prohibirá el glifosato de manera inmediata en todas las dependencias de gobierno y de manera total hacia 2024, además reiteró que se llevará a cabo la prohibición del maíz transgénico en territorio nacional.
Adicionalmente hay que recordar que de los cien compromisos realizados por el primer mandatario al inicio de su gobierno, en el compromiso número 74 menciona que en su gobierno se protegerá la diversidad biológica y cultural de México. Se impulsarán prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza y no se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas.
La publicación de un decreto que prohíba por completo el uso de glifosato en México es una oportunidad para el mandatario federal de proteger al campo mexicano, a la riqueza de semillas nativas y el bienestar de la población a través de una alimentación sana y respetuosa con el medio ambiente. Ésta es una visión que no comparte el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) quien busca fortalecer el modelo corporativo de agricultura industrial.
¿Quiénes son los actores clave involucrados?
Esta propuesta de decreto establece las acciones que deberán realizar las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), de Economía (SE) y de Salud (SSA), así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para programar y coordinar los estudios técnicos necesarios que permitan determinar la “seguridad” del glifosato, por lo que son las principales dependencias implicadas. Por lo tanto estas instancias debieron llegar a un consenso para publicar el decreto en la CONAMER.
Sin embargo, la nueva titular de la SEMARNAT María Luisa Albores al igual que Elena Álvarez Buylla titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el doctor Jorge Alcocer secretario de Salud se posicionaron en contra de esta propuesta de decreto que ahora está sujeta a consulta pública en la plataforma de la CONAMER.
Las tres dependencias presentaron comentarios apoyando las declaraciones del presidente de prohibir el glifosato hacia el 2024 e incluso CONACYT y la Secretaría de Salud (SSA) mencionaron en sus comentarios que el uso de maíz transgénico también se debe eliminar hacia 2024, comenzando con su reducción, con base en criterios de suficiencia en el abasto de maíz sin glifosato.
Además en los comentarios presentados, SEMARNAT mencionó que las instancias correspondientes se deben abstener de otorgar nuevos permisos para el uso y la realización de actividades con semillas de maíz genéticamente modificado, así como dejar de destinar recursos públicos para la adquisición, utilización, distribución, promoción o importación de glifosato o de plaguicidas que tengan como ingrediente activo glifosato. Por consiguiente, su uso en cualquiera de sus actividades y programas será prohibido.
La realización de los comentarios en la plataforma de CONAMER por la SSA, SEMARNAT y CONACYT, dependencias que están directamente involucradas en la propuesta de decreto publicada revelan que no hubo un previo acuerdo para la publicación de este decreto, por lo que su publicación tiene un fallo de origen y destapa nuevamente los intereses del Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos de mantener un sistema agroalimentario y nutricional industrializado a pesar de los daños comprobados científicamente que el uso de agroquímicos tóxicos y transgénicos causan a la salud de las personas y el medio ambiente.
¿Qué opina Greenpeace sobre este decreto?
Esta propuesta para regular el glifosato es limitada para la defensa de los derechos humanos y medioambientales, en consecuencia, favorece a la industria de agrotóxicos y transgénicos. Esta propuesta no responde a los más de 20 años de lucha campesina, de comunidades, ciudadanas (os), científicas (os) y organizaciones que han exigido en repetidas ocasiones se tome acción determinante para la prohibición de transgénicos y glifosato en el país, y de esta manera poder alcanzar la soberanía alimentaria de México.
Greenpeace rechaza esta propuesta de decreto presidencial sobre glifosato y transgénicos ya que pretende postergar una decisión fundamental para salvaguardar la soberanía alimentaria del país: la decisión de prohibir los transgénicos y el glifosato progresivamente hacia 2024, aún cuando ya hay suficiente evidencia científica que lo respalda y por lo cual se debe apelar al principio precautorio.
Greenpeace exige que se baje esta propuesta de decreto de la plataforma de CONAMER tal como ocurrió en las dos ocasiones anteriores y en su lugar se debe publicar un decreto presidencial que vaya en línea con las declaraciones y visión del presidente constitucional, de prohibir durante su gobierno el glifosato y los transgénicos, así como el impulso de las prácticas agroecológicas que no dañen el medio ambiente y nos permitan gozar de autosuficiencia y soberanía alimentaria tal como lo han apoyado las titulares de la SEMARNAT, CONACYT y el titular de la SSA.