Este artículo es el segundo de una serie de tres partes, “Un tren sin frenos,” que documenta los conflictos sociales y ambientales alrededor del proyecto de infraestructura controversial del Presidente Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya.
Por si te lo perdiste, lee la primer parte aquí.
“El Estado mexicano debe reconocer irrefutablemente la violación de los Derechos de la Naturaleza y de los derechos humanos individuales, colectivos y bioculturales del pueblo maya”, exigió un panel de cinco jueces tras 22 testimonios de comunidades indígenas, colectivos ciudadanos y testigos expertos durante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.
El Tribunal de marzo de 2023 fue el más reciente de una larga serie de críticas impuestas contra el Tren Maya por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En un comunicado de prensa de 2022, los Relatores de Derechos Humanos de la ONU y expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos advirtieron que el tren pone en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales; los derechos culturales; y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.
© Paola Chiomante / Greenpeace
Más de la mitad de la ruta del tren atraviesa 177 territorios indígenas de propiedad y administración comunal. Doce paradas y 21 estaciones, llamadas “polos de desarrollo”, están reordenando la estructura social y territorial de la península a medida que el gobierno construye nuevos núcleos urbanos y expropia tierras privadas y comunales para el desarrollo comercial.
En Campeche, Fonatur cambió la ruta del tren dos veces después de la reacción violenta que se tuvo por el desplazamiento forzado de 300 familias, mientras que la deforestación y la construcción de hoteles en la Reserva de la Biosfera de Calakmul y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO continúan en desacato a la suspensión definitiva otorgada en 2020.
Desde el principio, el trato del gobierno a los pueblos indígenas ha suscitado críticas de grupos de derechos humanos. En noviembre y diciembre del 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llevaron a cabo un proceso de consulta con 15 asambleas regionales en comunidades indígenas a lo largo de la ruta del Tren, pero la ACNUDH de México determinó que el proceso violó estándares internacionales. La ACNUDH denunció la traducción del material a lenguas indígenas en el proceso, la limitada participación de la comunidad y la información imparcial o falsa sobre los posibles impactos negativos del proyecto.
© Robin Canul / Greenpeace
“Las personas de las comunidades expresaron su acuerdo con el proyecto como un medio para llamar la atención sobre sus necesidades básicas como el agua, la atención médica, la educación, el empleo, la vivienda y un medio ambiente y una cultura saludables”, se lee en la comunicación oficial. “Esta lógica afectó el carácter ‘libre’ de la consulta.”
Las organizaciones de derechos humanos también han condenado el papel del Secretario de Defensa en la construcción y operación del tren y la supuesta intimidación de comunidades y activistas por parte de los militares. Según los informes de Mongabay, algunos miembros de las comunidades que participaron en el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza tenían miedo de dar testimonio público, mientras que otros participantes en la comunidad de Señor informaron haber sido acosados por miembros de la Guardia Nacional.
Miembros del movimiento nacional e internacional, El Sur Resiste, también describieron “el constante hostigamiento a nuestra caravana por parte de los cuerpos policiales y militares del Estado mexicano”, mientras recorrían siete estados del sureste para crear conciencia sobre los impactos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en abril y mayo de 2023. El año pasado México fue nombrado el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales.
En mayo de 2022, López Obrador decretó que la construcción del tren es una cuestión de seguridad nacional para evitar los obstáculos legales de la suspensión definitiva de las actividades de construcción en el tramo cinco por parte de un juez.
En mayo de 2023, la Corte Suprema de México dictaminó que la designación del tren por parte de López Obrador como cuestión de seguridad nacional era inconstitucional, pero el presidente reforzó y amplió la designación para incluir toda la construcción relacionada con el tren, los aeropuertos regionales y el Corredor Interoceánico controlado por la Armada Mexicana. El Corredor Interoceánico conectaría el Tren Maya con una serie de diez parques industriales, minas, la refinería de petróleo Dos Bocas y el gasoducto Puerta al Sureste, el último de los cuales es el objeto de una campaña en curso de Greenpeace.
“La decisión de reiniciar las obras del Tren Maya por parte del Ejecutivo Federal no implica la supervivencia de la nación y del Estado mexicano, ni el respeto a los derechos humanos,” criticó una declaración de 2022 del CEMDA. “Por el contrario nos aproxima a la incertidumbre, a la flagelación del Estado democrático y al debilitamiento de las instituciones del país en menoscabo de los derechos humanos ambientales.”
© Gustavo Graf / Greenpeace