La prohibición progresiva del glifosato y del maíz transgénicos hacia 2024 fue un triunfo histórico que obtuvieron las organizaciones civiles, campesinas, científicas y comunidades a favor de la soberanía alimentaria, la salud y la justicia social, por lo que ni el T-MEC, ni los amparos en contra, ni el desprestigio por parte de la agroindustria podrán frenarlo.
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A nueve meses de que el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que marca la prohibición progresiva del glifosato y la prohibición del maíz transgénico hacia 2024, esta medida está enfrentado una ola de 26 amparos, principalmente promovidos por la agroindustria.
Quienes buscan anular este decreto han argumentado la existencia de acuerdos comerciales internacionales como el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y la supuesta violación a sus lineamientos; asimismo, se argumenta que el uso del glifosato es mucho más barato que otras alternativas.
No obstante, desde Greenpeace -de la mano de agricultores y especialistas en el ámbito legal y técnico- afirmamos que este decreto es constitucional, posible y legítimo.
En el reporte “Agricultura sin glifosato. Alternativas para una transición agroecológica”, que publicó recientemente Greenpeace, se explica que en términos legales, los tratados sobre comercio internacional, y con ellos las normas consuetudinarias, han evolucionado favorablemente hacia la protección del medio ambiente y han reconocido la facultad soberana de dictar normas para protegerlo.
De acuerdo con el informe, la normatividad de los tratados de comercio, y en forma concreta el T-MEC, ha reconocido también la facultad del Estado mexicano para dictar normas en materia de medio ambiente; además, si la aplicación de las normas en materia de comercio internacional contradicen al marco de los derechos humanos, y del derecho internacional del medio ambiente (protegidos en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966 ), entonces deberán prevalecer éstas últimas.
De acuerdo con el análisis jurídico ofrecido en el reporte, desde el punto de vista teórico y práctico los derechos humanos y medioambientales tienen una jerarquía superior a la de las normas comerciales, pues forman parte del orden público internacional en donde se aplican principios concretos como el de pro homine y otros más.
“Esto nos lleva a afirmar que las normas de medio ambiente y por supuesto el decreto está enmarcado en el derecho internacional que debe ser aplicado según lo dispone la constitución en sus diferentes artículos que forman un bloque constitucional en materia de derechos humanos. El decreto es totalmente constitucional y armónico con el derecho internacional tanto de los derechos humanos como de los contraídos por los tratados de libre comercio, como en los últimos años han adquirido una vocación en materia de conservación del medio ambiente”, dice el informe.
Sobre los costos del glifosato, Greenpeace argumenta que no se trata de buscar sustitutos que mantengan la dependencia de las y los agricultores a los agroquímicos, por el contrario, se requiere de un cambio de fondo basado en procesos agroecológicos y en conjunto con los saberes campesinos, que abordan los impactos del cambio climático que ya están experimentando los y las agricultoras y las personas de todo el mundo.
El glifosato, dice el informe, es uno de los cientos de plaguicidas utilizados en México que continúan ocasionando daños al medio ambiente y a la salud de las personas, por lo que es fundamental que se transforme el sistema agroalimentario actual, desde la producción hasta el consumo, siempre con un enfoque de derechos humanos, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la salud, al territorio, entre otros.
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Los transgénicos son organismos que han sido genéticamente modificados (GM), por ejemplo, para producir insecticida o generar resistencia a herbicidas. Forman parte del modelo de agricultura industrial, el cual acentúa la desigualdad en el campo y que además hace uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes sintéticos que afectan la salud y el medio ambiente.