El brote de coronavirus que redujo la demanda de petróleo y la subsecuente guerra de precios entre los países miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) ha dejado al descubierto la vulnerabilidad del mercado petrolero ante las catástrofes, incluso la provocada por entes microscópicos
El precio del petróleo ha bajado a su nivel mínimo desde la Guerra del Golfo a comienzos de la década de 1990, evidenciando la fragilidad de las economías que dependen de la exportación petrolera como la de México, sector que representa casi una quinta parte de los ingresos nacionales y que, de continuar una baja sostenida en el precio del crudo, impactaría en una disminución del 0.5% de crecimiento del PIB, a la ya alicaída economía mexicana, de acuerdo con la aseguradora Euler Hermes.
La disminución de las reservas petroleras en nuestro país ocasionó que dejáramos de ser un actor relevante y competitivo en el mercado global sin influencia sobre los precios internacionales y resulta alarmante que el discurso gubernamental ponga al petróleo como palanca de desarrollo, cuando se trata de una materia prima volátil como ha quedado demostrado una vez más.
El coronavirus ha sido una crisis abrupta pero existen otros factores a la vista que pueden tener efectos similares e incluso superiores a los actuales; ya los analistas han denominado como el “Cisne Verde” a los eventos climáticos que tienen un fuerte impacto negativo o catastrófico en la economía global. Así, el incremento de las enfermedades relacionadas con el cambio climático como el dengue y la malaria que van en aumento de manera notable en nuestro continente, desastres naturales cada vez más frecuentes y de mayor magnitud, escasez de recursos hídricos y pérdidas de cosecha representan un riesgo con las mismas consecuencias en el mercado petrolero que el coronavirus, pero de manera permanente.
La lección que nos deja la caída en los precios del petróleo es que cuando hablamos de soberanía energética en nuestro país, ésta tendrá que ser renovable o no será. Satisfacer la demanda energética tendrá que ser a partir de recursos renovables, con costos competitivos.
Dicho esto, vale la pena reflexionar sobre las decisiones inmediatas que tienen que ser tomadas en este contexto: la reformulación de los compromisos nacionalmente determinados que tendrán que estar listos durante este año y el programa especial de transición energética 2019 – 2024, previsto para finales de marzo y que definirán en gran medida la política energética, económica y climática de nuestro país durante este sexenio.
Las decisiones que se tomen durante esta administración encaminarán la suficiencia o insuficiencia de la acción climática nacional durante la década más crucial 2020-2030, por lo que esperamos que la ambición en la reducción de emisiones y el tránsito hacia energías renovables que han mostrado ser altamente competitivas quede plasmado en ambos documentos.
Es hora de transitar hacia un modelo energético sustentable y limpio, que sea equitativo y justo y que verdaderamente pueda fungir como la palanca del desarrollo que este país necesita.
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Necesitamos acción climática urgente y contundente, tenemos que dejar el petróleo bajo tierra y transitar hacia una economía limpia, sustentable y equitativa. El gobierno tiene que respetar los acuerdos que el país ha adoptado tanto nacional como internacionalmente y que están plasmados en las leyes mexicanas.