Libertad de expresión y derecho a la protesta en juego en Estados Unidos.
Mandan, Dakota del Norte — Un jurado del condado de Morton emitió hoy un veredicto en la demanda presentada por Energy Transfer contra Greenpeace Inc., Greenpeace Fund y Greenpeace Internacional (GPI), determinando una responsabilidad financiera de más de 660 millones de dólares. La demanda, ampliamente considerada infundada, es un claro ejemplo de una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, por sus siglas en inglés y conocidas en español como ‘demandas estratégicas contra la participación pública’), táctica utilizada por grandes corporaciones para desincentivar la protesta pacífica y frenar la defensa del medioambiente. A pesar de este fallo adverso, Greenpeace reitera su compromiso con la libertad de expresión y continuará la lucha legal contra esta acción judicial en futuras instancias.
“Estamos presenciando un desastroso regreso a la conducta imprudente que alimentó la crisis climática, profundizó el racismo ambiental y priorizó las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y un planeta habitable. La anterior administración Trump dedicó cuatro años a desmantelar las protecciones para el aire limpio, el agua y la soberanía indígena, y ahora, junto con sus aliados, quiere rematar el trabajo silenciando las protestas. No cederemos; no nos silenciarán”, declaró Mads Christensen, director ejecutivo de Greenpeace Internacional.
“Este caso debería alarmar a todos, sin importar sus inclinaciones políticas”, declaró Sushma Raman, directora ejecutiva interina de Greenpeace Inc., Greenpeace Fund. Esto forma parte de un renovado impulso de las corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia. Todos deberíamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta, cuyo objetivo es destruir nuestro derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. Estos derechos son cruciales para cualquier labor que busque garantizar la justicia, y por eso seguiremos luchando juntos, en solidaridad. Si bien los agresores de las grandes petroleras pueden intentar frenar a un solo grupo, no pueden detener un movimiento, indicó.
Las demandas de Energy Transfer son claros ejemplos de demandas SLAPP: demandas que buscan engullir a organizaciones sin fines de lucro y activistas en honorarios legales, empujarlos a la quiebra y, en última instancia, silenciar la disidencia [1]. Las grandes petroleras Shell, Total y ENI también han presentado demandas SLAPP contra entidades de Greenpeace en los últimos años [2]. Un par de estos casos se han detenido con éxito. Esto incluye la victoria de Greenpeace Francia sobre la SLAPP de Total Energies el 28 de marzo de 2024, y la de Greenpeace Reino Unido y Greenpeace Internacional, que obligaron a Shell a retirarse de su SLAPP, el 10 de diciembre de 2024.
“Energy Transfer no nos ha dejado solos en esta lucha. Apenas estamos comenzando nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos a Energy Transfer en los tribunales este julio en los Países Bajos. No cederemos. No nos silenciarán”, declaró Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional.
En febrero de 2024, GPI inició la primera prueba de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea al presentar una demanda contra ET en un tribunal neerlandés. [3] GPI busca recuperar todos los daños y perjuicios sufridos como resultado de las demandas consecutivas e infundadas de ET, que exigen cientos de millones de dólares contra GPI y las organizaciones de Greenpeace en EE. UU.
Notas:
[1] La primera demanda de Energy Transfer se presentó ante un tribunal federal bajo la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), una ley federal estadounidense diseñada para procesar la actividad mafiosa. El caso fue desestimado, ya que el juez declaró que las pruebas eran insuficientes para establecer una empresa RICO. El tribunal federal no se pronunció sobre la ley estatal, por lo que Energy Transfer presentó rápidamente una nueva demanda ante un tribunal estatal de Dakota del Norte con estas y otras demandas estatales.
[2] Un informe de la Coalición Contra las SLAPP en Europa (CASE) documentó 1049 demandas SLAPP en Europa entre 2010 y 2023, con 166 demandas iniciadas en 2023.
