Mientras el presidente, Ivan Duque, en la cumbre convocada por el presidente de los Estados Unidos, lucía su ambicioso compromiso climático según pactado en el Acuerdo de París, (disminuir el 51% de las emisiones en Colombia para el 2030), internamente el gobierno apuesta al crecimiento de negocios que favorecen la crisis climática y la destrucción de nuestros ecosistemas. La deforestación, el desarrollo de los combustibles fósiles, el esparcimiento del glifosato en nuestro territorio y la contaminación por plásticos son ejemplos claros de las batallas ambientales que continuamos atravesando en nuestro país.
Estas batallas requieren medidas urgentes para evitar efectos devastadores tanto en el ambiente como en la sociedad.
Así como el objetivo de la cumbre se enmarca en el regreso de Washington a la lucha contra el cambio climático luego de que Donald Trump la abandonara, el presidente Duque puede marcar un precedente para el resto de los países de su región, cumpliendo los objetivos pactados y aportando realmente a la solución que según el Acuerdo de París busca limitar el calentamiento global, bajando la temperatura del planeta 1,5ºC.
Sin embargo, las promesas no se cumplen de la boca para afuera o en este caso de una cumbre para afuera. Por lo que no tiene coherencia alguna que el gobierno haya firmado contratos con empresas petroleras para operaciones de fracking, a pesar de que la industria hidrocarburífera en Colombia ya liberó más de 23 mil toneladas de CO2. Asimismo, el aumento de nuevos proyectos de termoeléctricas suman aún más contradicciones al compromiso climático, ya que la combinación de estas fuentes sucias de energía implican una bomba de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, a pesar de que la función de los bosques es clave para la absorción del CO2, resulta realmente preocupante la situación de la deforestación en Colombia, donde además se pone en jaque el corazón de la Amazonía. Un estudio por FCDS señala que se perdieron 75 mil hectáreas de bosque nativo según cifras del 2020, que además indica que la tendencia en el primer trimestre del año estuvo por encima del 85% con relación al año pasado. La Amazonía padece del 62% de la deforestación en Colombia (1).
Las políticas legislativas ambientales y en pos de la lucha climática no deben dilatarse. La erradicación del glifosato, la prohibición en el territorio nacional de la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de plásticos de un solo uso, y que se establezcan medidas tendientes a la reducción de su producción y consumo, también deben ser prioridad para este gobierno.
Desde Greenpeace creemos que los esfuerzos deben estar enfocados en la construcción de una matriz energética sostenible y limpia; y en la protección de nuestros ecosistemas. Esto sólo será posible con el acompañamiento de medidas concretas de corto plazo, que involucren a todos los sectores y actores de nuestra sociedad, incluyendo el sector privado; de lo contrario los pactos quedarán en palabras sin acción, en metas de papel.
En un contexto de emergencia climática y atravesando la crisis generada por el Covid19, la Tierra y la sociedad en ella merecen que los gobiernos actúen a favor de la salud del planeta. En el caso de Colombia además, contar con acciones políticas coherentes que nos permitan llegar a un 2030 con objetivos ganados. El compromiso climático no puede coexistir con negocios de destrucción ambiental.
Nota:
- Estudio sobre deforestación en el 2020 por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).