Hace algunos días se informó acerca de la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de declarar inadmisibles las 104.588 Solicitudes de Invalidación que, a partir de una acción organizada por Greenpeace, la sociedad civil presentó en contra del proyecto minero Dominga, en una movilización sin precedentes dentro de la historia de nuestra legislación ambiental.
Luego del rechazo del Comité de Ministros a la construcción de Dominga, estas solicitudes perdieron el objeto que les dio su origen por lo que haberles dado curso carece de todo sentido. Por ello, como organización, compartimos la decisión del SEA de declarar su inadmisibilidad y celebramos el cierre de Dominga.
Sin embargo, rechazamos los argumentos entregados por la autoridad que insisten en desestimar estas legítimas reclamaciones. El SEA justificó su decisión en un tecnicismo burocrático, asegurando que “la carga en el expediente de invalidación (…) implicarán una clara infracción a los principios de eficiencia y eficacia”. La participación de las cientos de miles de personas que presentaron sus solicitudes ante el SEA no se pueden desconocer -como pretende esta resolución- al ser un hito histórico, posible gracias al uso de las herramientas legales con las que cuenta nuestro sistema de evaluación ambiental. Y a las que, en el futuro, se les debe dar curso en procesos que se encuentren activos.
Los principios que rigen la actividad de la administración no se pueden usar a conveniencia del trámite burocrático y en desmedro de los ciudadanos, y menos para invalidar las herramientas jurídicas a las que tiene acceso la sociedad civil.
Nos parece pertinente, además, aclarar que dichos documentos cumplieron con todos los requisitos en forma y fondo que la Ley N° 19.880 exige para la identificación del solicitante, además de ir cada uno de ellos respaldados mediante firma digital.
Que las causas sean masivas no hace más que reafirmar que se llevan adelante por personas con intereses y argumentos válidos que las respaldan. Nuestros Tribunales conocen ejemplos de tramitación masiva y este tipo de argumentos, más que denunciar conductas de autómatas colapsando sistemas, como se deja entrever, evidencian problemas estructurales en la organización judicial que a la postre afectan a toda la sociedad. Frente a eso planteamos la pregunta: ¿Por qué el SEA desestima a los ciudadanos y a las comunidades locales? ¿No es eficiente lidiar con 104.588 solicitudes, pero sí lo es dejar avanzar proyectos marcados por la corrupción y con propuestas insuficientes en el cuidado del medio ambiente?
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