Esta semana, la Superintendencia de Medioambiente revocó tres
permisos a Nova Austral por grave daño a Parque Nacional en Magallanes.
Asimismo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt falló a favor de
medioambientalistas y ordenó a la empresa Ventisqueros a entregar
información detallada de sus procesos productivos.
Julio de 2022. Tras darse a conocer la resolución de la Superintendencia de
Medio Ambiente (SMA) que revoca permisos ambientales de 3 centros
salmoneros de la empresa Nova Austral en Magallanes, Greenpeace se
mostró conforme y esperanzado con una resolución inédita por parte de la
entidad gubernamental.
“La decisión de revocación de la RCA no sólo es correcta, sino que era
urgente: los ecosistemas no dan para más y la empresa Nova Austral no
sólo ha vulnerado la ley produciendo más salmones de los permitidos, sino
que también ha alterado los fondos marinos, ha falsificado la información de
mortalidades de salmón y han sistemáticamente mentido e intentando
ocultar sus violaciones graves a la normativa vigente”, explica Estefanía
González, Coordinadora de Campaña de Greenpeace.
La sanción se genera en el marco de 3 procedimientos sancionatorios
iniciados en el año 2019 en los centros de cultivo de salmónidos Canal
Cockburn 14, Canal Cockburn 23 y Aracena 10 por sobre producción de
salmones identificándose faltas graves. La revocación de la Resolución de
Calificación Ambiental implica que la empresa ya no tiene permiso para
operar dichos centros.
“Esta si es una sanción ejemplificadora, ya que las multas han demostrado
no servir: empresas previamente multadas por faltas graves y gravísimas
continúan generando desastres ambientales. Tenemos que recordar que los
hechos denunciados por organizaciones ambientalistas y comunidades a lo
largo de esta década, no son accidentes ni inconvenientes: son decisiones
que la empresa Nova Austral tomó, de pasar por sobre la ley y engañar al
Estado, la ciudadanía y al país completo. Lo mínimo, es que se les quitaran
los permisos ambientales de operación, en un área que además es Parque
Nacional”, enfatizó González.
De acuerdo a la SMA en los 3 centros se comprobó que el fondo marino
estaba sin vida y que la empresa debido a la sobreproducción generó 3.718
millones de ganancias ilícitas.
“Se generaron miles de millones ilegalmente y a costa de la destrucción de
la vida marina y del medio ambiente. Esto no puede ocurrir nunca más y
esta resolución es el primer paso hacia el fin de la impunidad de esta
industria contaminante con el medioambiente y dañina con las comunidades
que ahí habitan”, sentenció la Coordinadora de Greenpeace.
Justicia falla a favor de ambientalistas
Asimismo, esta semana, en fallo reciente, la Corte de Apelaciones de Puerto
Montt confirmó la postura del Consejo de la Transparencia y ordena a la
empresas salmoneras a entregar información detallada de sus procesos
productivos en el fiordo Comau. La organización ambientalista, Greenpeace
a través de su Coordinadora de Campañas, presentó un recurso de amparo
ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que acogió la petición
obligando a la entidad a entregar la documentación bajo la premisa de ser
“de interés público”. Esta situación llevó a las acuícolas, Salmones Caleta
Bay S.p.A., Frío Sur y Productos del Mar Ventisqueros S.A, a presentar un
“reclamo de ilegalidad” en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, entidad
que rechazó el reclamo de la empresa Ventisqueros, exigiendo la
entrega de los datos solicitados por la organización ambientalista.
“Mientras los tribunales nos dan la razón, las empresas que dicen querer ser
“sustentables” esconden información básica como cuánto están sembrando,
cuánto están cosechando y cuántos salmones se les mueren. Está claro que
tienen mucho que esconder por lo cual le temen a la transparencia y
obstaculizan la transparencia de la información. No vamos a permitir que
esto siga ocurriendo y hacemos un llamado urgente a frenar el avance de las
salmoneras en el país en un contexto de constantes desastres ambientales,
falsificación de información por parte de la industria y un 50% de centros
donde no queda oxígeno”, señaló Estefanía González, Coordinadora de
Campañas de Greenpeace.