Por Carolina Martínez, directora del Centro UC Observatorio de la Costa, y Roxana Núñez, especialista en Incidencia de Campañas de Greenpeace.
En 2012, el primer gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto de Ley de Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, el que fue aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2013, sin mayores modificaciones. Luego, el texto pasó al Senado, donde quedó en el olvido hasta mayo de 2018, cuando el segundo gobierno de Piñera le otorgó urgencia simple para volver a ser discutido. Y, aunque nada ocurrió durante ese periodo, hoy es, irónicamente, el gobierno de Gabriel Boric el que está empujando para discutirse.
Hace algunas semanas, el Ejecutivo ingresó diversas indicaciones al proyecto de ley que hoy se discute en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, las que sólo se refieren a la administración económica de estos espacios, sin considerar en lo absoluto su necesidad de protección medioambiental.
Esta situación nos preocupa, pues representa un enorme retroceso sobre cómo abordar la protección costera -en un país que cuenta con más de 6.000 km de estos espacios- de cara a los problemas urgentes que tenemos en relación a la reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, seguridad hídrica, alimentaria y desarrollo humano, dados todos los atributos y servicios ecosistémicos que provee la costa y que, ahora, se ponen a disposición de un extractivismo desenfrenado.
Lamentablemente, las indicaciones ingresadas por el gobierno de Boric lo transforman en un proyecto aún más amenazante que el original, donde el único objetivo parece ser simplificar y facilitar el otorgamiento de concesiones marítimas, sin contemplar elementos de pertinencia ecológica, territorial o justicia ambiental, lo que nos hace pensar que podría conducir a un mayor sacrificio de los territorios, en beneficio de agendas que responden a intereses netamente empresariales y cuyos beneficios no alcanzarían a las comunidades.
Uno de los asunto que más preocupa a las comunidades costeras, es que, de ser aprobado este proyecto, el Estado podría otorgar la propiedad de playas fiscales a personas que acrediten su ocupación por 10 años o más, institucionalizando la privatización de las costas nacionales, a la vez que se generarían incentivos a la destrucción de ecosistemas costeros, al permitir que los terrenos de playa artificiales (por ejemplo, los resultantes de rellenos efectuados por empresas portuarias) pasen a ser propiedad privada, en lugar de ser considerados bienes nacionales, como ocurre en la actualidad.
Además de las preocupaciones medioambientales y comunitarias, la normativa en discusión también evidencia una importante debilidad administrativa; ejemplo de ello es que no se contempla un aumento de presupuesto para la nueva División de Concesiones Marítimas en el Ministerio de Bienes Nacionales, ni para fiscalización de las concesiones, ni para la formulación de la Política Costera y las zonificaciones costeras regionales. Es decir, se busca traspasar la responsabilidad de la administración de estos espacios desde Fuerzas Armadas (donde radica hoy) a Bienes Nacionales, sin establecer una orgánica que soporte estas nuevas funciones en el ministerio en cuestión.
Habiendo sido testigos de cuáles son las consecuencias de un mal ordenamiento territorial en la costa y las consecuencias concretas de ello en la vida de las personas, como ocurrió con el socavón del Edificio Kandinsky en Viña del Mar, esperamos que los parlamentarios discutan con responsabilidad sobre una materia de alta importancia para la protección de la vida humana, relevando la voz de las comunidades, que hasta ahora no han sido escuchadas.
Chile necesita una normativa costera a la altura de los desafíos actuales, que contenga principios directrices e incorpore la mejor evidencia científica disponible, integrando la visión de las comunidades a través de un proceso político transparente y democrático, algo que no se ha puesto en discusión por más de 170 años. Por eso, hacemos un llamado a rechazar este proyecto de ley y considerar la propuesta de Ley de Costas presentada por el Observatorio de la Costa en 2022 al Ministerio de Bienes Nacionales y que, a la fecha, no ha sido considerada en ninguna instancia legislativa.
Sabemos que Chile es uno de los países más vulnerables a la crisis climática principalmente por nuestra enorme extensión costera, es por eso que resulta tan urgente que seamos capaces de avanzar en una regulación que evite la degradación de ecosistemas y grandes desastres, reconozca la gestión integrada de áreas costeras como medio fundamental de ordenamiento territorial y posibilite un uso más armónico de nuestras zonas costeras. El proyecto de Ley que hoy se discute en el Senado, lamentablemente, NO es esa norma.
