29 de septiembre de 2020.– A diez años de la sanción de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar, ambientalistas y poblaciones afectadas por los proyectos mineros siguen reclamando su plena aplicación y destacan los alcances de la norma, que muchos consideran el segundo logro ambiental conseguido por la comunidad, después de la Ley de Bosques.
- 44 proyectos mineros sobre glaciares y área periglacial están frenados gracias a la norma. Sin embargo, aún está pendiente el cierre definitivo de los proyectos Veladero y Pascua Lama de Barrick Gold.
- La resistencia de las asambleas y organizaciones y la presión de la gente la mantuvo en pie, frente a los intentos de derogarla e impugnarla en la Justicia impulsados por el sector minero.
- El incumplimiento y la falta de controles hicieron posibles los derrames tóxicos más graves de la historia minera argentina, que todavía hoy tienen como consecuencia ríos contaminados.
- El proceso de aprobación y vigencia de esta ley tuvo interrupciones y contramarchas por la presión del sector minero, de creciente poder en el país. Los avances y retrocesos culminaron el año pasado con la ratificación en la Corte Suprema de Justicia de la constitucionalidad y el procesamiento en la justicia de ex funcionarios de primer nivel por el incumplimiento de la ley.
“La resistencia de las poblaciones afectadas en San Juan y la participación de la gente en todo el país para pedir que se frene la destrucción de los glaciares generaron la presión para que hoy tengamos una Ley de Glaciares”, recordó Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace en Argentina. “Que hoy todavía esté pendiente el cierre de Veladero y Pascua Lama (del lago argentino), es inadmisible, pero haber detenido el avance de más de 40 emprendimientos sobre glaciares, es un logro que no puede pasar desapercibido”.
La importancia de la Ley de Glaciares reside fundamentalmente en que los preserva como reservas estratégicas de recursos hídricos, de biodiversidad, a la vez que los clasifica como “bienes de carácter público” más aún en el contexto de emergencia climática actual.
“Los intentos de embarrar la cancha en el ámbito de la Justicia, mostraron el interés concreto de empresas, como Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas prohibidas por la Ley de Glaciares y que están contaminando un bien esencial como el agua” señaló Enrique Viale, abogado ambientalista.
Entre otros episodios, se pueden mencionar el amparo judicial de San Juan para que no se aplique en la provincia en un primer momento, la dilación en la sanción del inventario previsto en la Ley que se aprobó recién 6 años después, y el nombramiento de un ex empleado de Barrick Gold para realizar la auditoría de Glaciares en la provincia cuyana en 2012.
En septiembre de 2015 la falta de aplicación de la Ley de Glaciares hizo posible el derrame de más de 1 millón de litros de solución cianurada que contaminó cinco ríos de San Juan, el peor desastre ambiental provocado por una minera (Barrick Gold) en nuestro país.
Cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Ambiente de la Nación, irán a juicio oral en Comodoro Py por incumplir la Ley de Glaciares y permitir así este derrame; pero ningún miembro de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cinco años del derrame.
Es importante comprender el rol fundamental que cumplen tanto los glaciares como el ambiente periglaciar en el resguardo de los recursos hídricos, por lo cual ambos necesitan protección.
