El monto establecido por la fiscal de Tartagal representa sólo el 1 por ciento de la multa original, dictada en 2016
Salta, 5 de junio de 2024. El desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas, una superficie equivalente a la de media ciudad de Buenos Aires, fue penado hoy con una multa irrisoria de 68 millones de pesos, a pesar de que la sentencia original del año 2016 establecía 171 millones, que hoy ascendería a 6 mil millones si se calcula el índice inflacionario. (1)
“Este caso demuestra que desmontar ilegalmente en Salta goza de impunidad. Este caso deja en evidencia la urgente necesidad de avanzar con la penalización de la destrucción de bosques. Las multas son insuficientes para frenar estos crímenes” dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La cifra se desprende de lo dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Tartagal que impuso una multa de $67.920.000 a Juan José Karlen por “incumplir un acuerdo de reforestación de 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente” y en respuesta al pedido de la fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, que en respuesta a los pedidos del empresario, solicitó “el rechazo del pedido de nulidad de la sanción, argumentando que los demandados han evadido sistemáticamente sus compromisos socioambientales voluntarios, firmes y consentidos, mediante presentaciones capciosas e insustanciales.”
La estancia está ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en el norte de Salta, y es propiedad del empresario agropecuario Juan José Karlen. El caso fue denunciado por Greenpeace en 2013 y 2016, y el año pasado activistas de la organización realizaron una protesta en el lugar para denunciar que a 10 años del desmonte no se inició la restauración. (2)(3).
“Se trata del desmonte ilegal más grande del país de las últimas décadas, un ecocidio que se realizó durante varios meses con 18 topadoras. Se frenó recién cuando la AFIP lo denunció por trabajo esclavo. Luego le aplicaron una multa por el desmonte, pero terminó acordando un plan de remediación del bosque que nunca se concretó, y sigue con su negocio agropecuario como si nada. Si bien el bosque no tiene precio, la multa que le aplican por arrasar miles de hectáreas es irrisoria”, relató Giardini.
Desde Greenpeace señalaron que la finca debería ser clausurada para permitir la restauración del bosque, en lugar de permitir que el empresario responsable continúe realizando actividades agropecuarias y obteniendo ganancias a costa del desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas.
“Aplicar este tipo de multas tan ridículas es una señal muy peligrosa hacia los empresarios agropecuarios que quieren seguir arrasando con los bosques. Destruir bosques es un crimen que debe penalizarse”, afirmó Giardini.
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