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Salta, 25 de noviembre de 2020.- Tras el rechazo de Greenpeace, comunidades indígenas, organizaciones sociales, académicos y el Ministerio de Ambiente de la Nación, el gobierno de Salta dio marcha atrás con las flexibilizaciones que recientemente había establecido para poder desmontar, y volvió a declarar obligatorias la realización de audiencias públicas y la presentación de Estudios de Impacto Ambiental y Social.
“Es un paso importante, ya que se evita un retroceso en los requisitos que se deben cumplir para deforestar legalmente. Sin embargo, es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos no pueden seguir siendo cómplices de este ecocidio y deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios agropecuarios”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
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El 20 de octubre pasado, la organización ecologista envió una carta al gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, y al Ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, advirtiendo que la reducción de requisitos para autorizar desmontes “representa una grave violación a las leyes nacionales 26.331 y 25.675”. (1)
Ahora, mediante la resolución 411/2020, la Secretaría de Ambiente de Salta modificó la resolución 333/2020 y estableció que “para los Planes de Cambio de Uso de Suelo (PCUS) los proponentes deberán presentar Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAyS) y celebrar la correspondiente audiencia pública”.
Según datos oficiales, Salta es una de las provincias con más deforestación de las dos últimas décadas: entre 1998 y 2018 perdió 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja).
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El monitoreo de deforestación que realiza Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales reveló que, a pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19, entre el 15 de marzo y el 31 de octubre en la provincia de Salta se desmontaron 12.863 hectáreas.
“Más desmonte significa más cambio climático, más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades. Destruir bosques es un crimen que debe prohibirse y penalizarse”, declaró Giardini.
Nota:
1) Carta de Greenpeace a Gustavo Sáenz y Juan Cabandié
![Topadora deforestando en Chaco. Topadora deforestando en Chaco.](https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2020/03/bc092866-gpa_topadoraschaco_03-2-1024x683.jpg)
Un monitoreo satelital de Greenpeace demostró que Chaco, por el avance de la producción agropecuaria, es la provincia con más pérdidas de bosques nativos.