La organización ecologista manifestó su preocupación por el proyecto del gobierno neuquino para modificar la zonificación que protege los bosques de la provincia y advirtió que es ilegal.
“La modificación que el gobierno de Neuquén está proponiendo en la Ley de Bosques, es completamente ilegal; está hecha para permitir el avance de los proyectos inmobiliarios sobre bosques protegidos”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Los cambios en las leyes ambientales deben ser para aumentar la protección, no para disminuirla”.
Greenpeace advirtió que reducir la superficie forestal protegida de los desmontes, viola la Ley Nacional de Bosques 26.331 y sus principales objetivos, promover la conservación y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes.
Además, recordó que el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) dispuso, mediante la resolución 236/12, los criterios con los cuales se puede modificar un ordenamiento territorial, en el cual se zonifican las áreas protegidas y establece que deberán realizarse “teniendo en cuenta el concepto de no regresividad en materia ambiental, que consiste en que la normativa ambiental no debe ser modificada si esto implica retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad” y también “de esta forma se evita (…) que se produzcan daños ambientales irreversibles o de difícil reparación.”
La organización ambientalista señaló que todo retroceso en las leyes de protección ambiental atenta contra principios consagrados en la Ley General del Ambiente (N° 25.675), como el “precautorio”, el de “equidad intergeneracional”, el de “progresividad” y el de “sustentabilidad”.
Por otra parte, Greenpeace advirtió que la modificación del Ordenamiento Territorial no fue acordada con las comunidades mapuche, lo que viola la Ley nacional, que establece que se deberá tener en cuenta el “valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura”, así como los tratados internacionales que respaldan estos derechos. (1)
“Vecinos, comunidades mapuche y organizaciones sociales de San Martín de los Andes y Villa La Angostura han rechazado públicamente y en los talleres que se realizan de acuerdo a la Ley de Bosques, las modificaciones propuestas. La legislatura provincial no puede validar este crimen ambiental”, afirmó Giardini.
Notas:
- En el caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. Mientras que su artículo 19 dicta que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.