Los glaciares son reservas de agua que abastecen a ecosistemas, poblaciones y diversas actividades productivas. Pero debido a efectos del cambio climático y a las intervenciones directas e indirectas de los proyectos productivos, sufren una situación de degradación y retroceso. Con el nuevo proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso recientemente por el Ejecutivo Nacional los glaciares quedarán a merced de las actividades mineras e hidrocarburíferas, al ver comprometido su ambiente periglaciar.
En el año 2010 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley Nº 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.
Tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar.
Es importante comprender el rol fundamental que cumplen tanto los glaciares como el ambiente periglaciar en el resguardo de los recursos hídricos, por lo cual ambos necesitan protección.
Es por ello, que la actual ley define al ambiente periglacial en la alta montaña, como el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña, como el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo
Y al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la ley busca preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos también en su potencial turístico. De hecho, Argentina es el primer país de América Latina que aprobó una ley para proteger sus glaciares.
La actual protección:
– prohíbe la actividad minera y petrolera en glaciares y el ambiente periglacial
– impide la contaminación de glaciares y ambiente periglaciar, las construcciones que los afecten, la explotación minera e hidrocarburífera. El efecto de esa actividad impacta y acelera el proceso de derretimiento, ablación que sufren producto del calentamiento global
– El art. 6 prohíbe “la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos” .
Pero el proyecto de Ley Ómnibus señala expresamente:
“Se realiza una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial, revirtiendo un avasallamiento del poder federal sobre las provincias”.
También cambiaría los artículos 1 y 2 de la ley, que definen el objeto de la ley y el espíritu de la norma (proteger glaciares y el ambiente que los circunda, el ambiente periglacial), por otra noción que no reconoce a los glaciares como “bienes de uso público”. Esto restringe las herramientas legales del Estado y las Provincias para su protección.
Estos cambios propuestos a la ley atentan directamente contra el corazón de la legislación ambiental argentina, que representa la protección de un ecosistemas tan clave como son los glaciares y su ambiente.
Los glaciares como nuestra fuente de agua
El agua es un recurso natural que no tiene sustitutos y es la base fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra. Los glaciares y los casquetes polares son las principales reservas de agua dulce en el planeta.
La superficie de agua sobre el planeta supera abundantemente a la continental y más del 70% corresponde a mares y océanos, pero esta abundancia es relativa. El 97,5% del total existente en el planeta es agua salada, mientras que solo el 2,5% restante es agua dulce. Del porcentaje total de agua dulce casi el 79% se encuentra en forma de hielo permanente en los hielos polares y glaciares.
Del agua dulce en estado líquido, el 20% se encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel de profundidad en el que se hallan (algunos casos superan los 2.000 metros bajo el nivel del mar). Sólo el 1% restante es agua dulce superficial de fácil acceso. Esto representa el 0,025% del agua del planeta.
La amenaza e intereses de la industria minera sobre los glaciares
Además del cambio climático, las empresas mineras son una de las principales amenazas para estos cuerpos de hielo y su ambiente. La infraestructura para las minas se instala sobre ellos o su entorno y provoca consecuencias que quedan para siempre.
La minería ha destruido glaciares y seguirá haciéndolo con absoluta impunidad si es que no se genera un límite a las industrias, que vienen avanzando en la alta montaña, que establezca una ley de protección de las reservas de aguas en los ecosistemas montañosos glaciares.
¿Cómo se puede la industria alterar y afectar un glaciar?
excavaciones, botaderos, cavernas, paso de vehículos, hundimientos, detonaciones, perforaciones, trazado de caminos y otros.
por disposición de material particulado en su superficie (producto de la propia actividad minera), intervención directa sobre los cuerpos de hielo y roca (remoción total o parcial), por deposición de polvo antrópico (humano) y modificación del albedo.
alterando dinámica de vientos, depósitos de nieve, avalanchas, patrones de insolación, etc.
modificando el entorno del glaciar.
por tronaduras, maquinaria, etc.
El caso más emblemático es la mina Veladero, en la provincia de San Juan, operada por la compañía multinacional canadiense Barrick Gold. Frente a la Ley de Glaciares y para poder continuar con su operación minera, Barrick Gold inició una demanda en 2011 contra el Estado Nacional, con el apoyo de la provincia de San Juan. De esta forma intentaba demostrar que la Ley de Glaciares era inconstitucional.
Desde Greenpeace comprobamos que las instalaciones de la mina Veladero están localizadas sobre ambiente periglacial, en una clara violación a la ley. Además, el emprendimiento se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo, lo cual pone en riesgo el agua, la vegetación y a más de 125 especies animales de la zona.
De hecho, en la operación minera Veladero hubo varios derrames tóxicos. El más grave ocurrió en septiembre de 2015, cuando más de 1 millón de litros de solución cianurada contaminó cinco ríos de San Juan. Hasta el momento, este es el peor desastre ambiental provocado por una minera en nuestro país.
Finalmente, en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que la Ley de Glaciares es constitucional. El fallo señala que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre Nación y las provincias. También, reafirma que los derechos individuales como el de propiedad ceden ante derechos colectivos como el derecho al agua.
La Ley de Glaciares es una victoria de clase mundial, que fijó estándares para la defensa del medio ambiente en muchos otros países, en donde aún se enfrentan la conservación de glaciares con la ambición de quienes buscan destruirlos
Gracias a la Ley se logró evitar la destrucción ambiental de glaciares y áreas periglaciares al poder frenar 44 proyectos que los amenazaban de forma directa. Y la resistencia de las asambleas y organizaciones y la presión de la gente la mantuvo en pie, frente a los intentos de derogarla e impugnarla en la Justicia impulsados por el sector minero.
El gobierno nacional y las provincias deben comprender que no se puede permitir exploraciones y explotaciones mineras en cualquier lado. La ley es muy clara al respecto. Si en la zona hay glaciares o si se pone en peligro el ambiente periglacial, allí no se puede avanzar.
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