Después de recibir varios rechazos en la votación artículo por artículo, el gobierno decidió retirar el proyecto de Ley Ómnibus que había presentado al Congreso. Hoy no existen certezas ni garantías respecto a que las modificaciones propuestas no vuelvan a ser presentadas. Por eso, en el Día Nacional de los Glaciares, recordamos las razones por las cuales necesitamos seguir presionando para que no se flexibilicen leyes ambientales como la Ley de Bosques y las Ley de Glaciares, logradas por la presión de millones de ciudadanos. 

Hace unas semanas desde Greenpeace dijimos presente en plaza del Congreso en el “Móvil Verde” con un set en vivo realizando una transmisión con conducción de Diego Salas (Director General de Programas de Greenpeace) y la periodista Celeste Giardinelli, invitados itinerantes y corresponsales dentro y fuera del recinto. Reaccionamos en vivo a la votación de la Cámara de Diputados.

Con más de 15 horas de streaming, tuvimos el placer de recibir a más de 25 invitados apasionados, expertos, deportistas y activistas que se unieron a conversar compartiendo sus conocimientos y experiencias. Uno de ellos fue Enrique Viale, abogado ambientalista, fundador de la Asociación de Abogados Ambientalistas y uno de los protagonistas de la historia de años, recorridos y luchas para lograr la Ley de Glaciares (en 2010) acompañando a comunidades, organizaciones, asambleas y a Greenpeace.

Enrique Viale, abogado ambientalista

Fue la resistencia de las poblaciones afectadas en San Juan y la participación de la gente en todo el país para pedir que se frene la destrucción de los glaciares la que generó  la presión para que hoy tengamos una Ley de Glaciares.

Mirá el video de la entrevista a Enrique Viale:

Barrick Gold: la minera que quiere modificar la Ley de Glaciares

Los glaciares son uno de los principales patrimonios ambientales de nuestro país.  Y, por ello, es importante comprender el rol fundamental que cumplen tanto los glaciares como el ambiente periglaciar en el resguardo de los recursos hídricos, por lo cual ambos necesitan protección.   

La actual Ley Nacional de Glaciares define al ambiente periglacial en la alta montaña, como el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña, como el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.

Acción de Greenpeace en San Juan, donde se ubica la mina Veladero (2011) © Martín Katz / Greenpeace

Durante la charla en el móvil Enrique Viale destaca que quien tiene mayor interés en modificar la Ley de Glaciares es la empresa canadiense Barrick Gold.  El proyecto de Ley Ómnibus proponía la modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Glaciares a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglaciar. Eliminaría la prohibición de la actual protección que prohíbe la actividad minera y petrolera en zonas periglaciares.

Barrick Gold siempre fue enemiga de la Ley de Glaciares porque tiene emprendimientos mineros en la Cordillera y precordillera donde hay glaciares y ambiente periglaciar. Y tiene uno en particular que ya tuvo accidentes enormes que se llama Veladero, en la provincia de San Juan. Su objetivo es ampliar el lugar de explotación y, para ello, necesitan avanzar sobre el ambiente periglaciar. Por ello, la modificación de la Ley está hecha a medida de esa ampliación”, sostiene Viale.

La mina Veladero no solo está localizada sobre ambiente periglacial, en una clara violación a la ley y dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo, lo cual pone en riesgo el agua, la vegetación y a más de 125 especies animales de la zona sino que también es la responsable del mayor accidente minero de la historia Argentina. En septiembre de 2015 más de 1 millón de litros de solución cianurada contaminó cinco ríos de San Juan. Fue el peor desastre ambiental provocado por una minera.

Mina Veladero, San Juan. © Martin Katz / Greenpeace

Viale además destaca los cambios propuestos en la definición de glaciar. “Con la modificación de la Ley de Glaciares serían menos los glaciares protegidos, dado que, el glaciar debería probar tener significancia hídrica. Esto abre puertas a falsos estudios científicos que digan “este glaciar no tiene significancia hídrica, asi que no debe estar protegido”. Y lo segundo es que establece que el glaciar debe tener una medida mayor a una hectárea para estar protegido, el tamaño de una manzana urbana.  Si es un metro menor a eso no va a estar protegido por la ley. Entonces no es solo el ambiente periglaciar el que perdemos, también perdemos glaciares”.

En un contexto global donde los glaciares están sufriendo el efecto del cambio climático, si un glaciar actualmente representa 2 hectáreas y, en el futuro, mide un metro menos de una hectárea ese glaciar dejaría de estar protegido por la ley.

© Martin Katz / Greenpeace

Viale recuerda que en el año 2018 hubo un intento de modificación de la Ley de Glaciares que quiso hacerse como reglamentación.

“Ahí accionó el pueblo de Jáchal, un pueblo que está río abajo de la mina Veladero la que sufrió el derrame de cianuro. Un pueblo chiquito pero muy luchador que se vino en bicicleta desde San Juan hasta el Congreso Nacional para que no se modifique la ley. Lo recibimos en un acto muy grande donde estuvo Greenpeace también. Y la conmoción que provocó ese acto de venir en bicicleta pudo frenar ese intento. Es decir, hace años que Barrick Gold quiere modificar la ley”.

Las consecuencias económicas de la actividad minera

Para Viale, existe una paradoja en cuanto a que sostiene que “la minería es la actividad más con más beneficios fiscales e impositivos de nuestro país.

Destaca que la Ley Ómnibus proponía ser totalmente liberalizadora pero que lo único que no tocaron fue la minería. “Porque ya no hay más para liberalizar. Todo lo que se escribió en la década de los ´90 que ningún gobierno posterior progresista se animó a modificar. Yo ya trabajaba con Pino Solanas, un gran defensor del ambiente, y él tenía proyectos concretos para modificar por ejemplo, la legislación que establece el tope de regalías. Es decir, que ninguna minera puede cobrarle a una provincia más del 3% de los minerales que extrae. Con una aclaración que se hizo al año siguiente, que establece que ese 3% en realidad se calcula valor boca de mina, es decir, descontado gastos de traslado, fletes etc. Lo que está pagando por ejemplo la Barrick Gold en San Juan por la mina Veladero es 1,6%.”

Campamento de Activistas con la consigna “San Guillermo Sin Mineria”

Viale comenta que las regiones más pobres de América Latina son aquellas donde hay Gran Minería, en Perú, en Chile, en Argentina. “Con Maristella Svampa decimos que son “mineralo-estados”, donde entra la Gran Minería controla todo, controla los tres poderes del estado es muy difícil ahí hablar de eso porque allí la minería es muy poderosa”.

También sostiene que en San Juan las regalías no llegan al 1% de los ingresos totales de la provincia y que el empleo minero es el 1% de la provincia. “Es todo lo contrario a lo que quieren instalar, son intereses enormes de miles de millones de dólares los que hay que enfrentar”.

La importancia de defender nuestras fábricas de agua

2016- Activistas de Greenpeace se presentaron frente a Casa Rosada con una escena representativa de como la empresa Barrick opera con cianuro sobre glaciares (c) Nicolas Villalobos/ Greenpeace

En junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que la Ley de Glaciares es constitucional. El fallo señala que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre Nación y las provincias. También, reafirma que los derechos individuales como el de propiedad ceden ante derechos colectivos como el derecho al agua.

“Una vez que un glaciar desaparece no se puede reemplazar. Los glaciares son las fábricas de agua,  donde nacen la mayoría de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo. Aún si no tenés una visión ecologista, al menos es por una cuestión de supervivencia. El glaciar es la canilla, nuestro tanque de agua. Una multinacional va a romper eso”, comenta Viale.

© Markus Mauthe / Greenpeace

Desde Greenpeace sostenemos que la regresión de derechos ambientales conquistados es completamente inadmisible. Las normas que pretenden modificarse, como la Ley de Glaciares, fueron el resultado de largos debates democráticos y no deben cambiarse en beneficio de sectores corporativos, lo que provocará la destrucción impune de bosques y glaciares, entre otros ecosistemas.

La fuerte presión de varios sectores afectados por los cambios propuestos en el proyecto de ley fue clave para que la mayoría de los legisladores no acompañen con su voto.

Vamos a seguir monitoreando y presionando para que no se flexibilicen leyes ambientales fundamentales. La presión de la gente es fundamental para salvar estos ecosistemas vitales en el marco de la actual crisis climática y de biodiversidad.