La deforestación en el norte del país no para y lo que es peor, va en aumento. Así lo comprobamos desde Greenpeace, tras realizar un relevamiento de imágenes satelitales que determinó que sólo en los primeros 6 meses de 2023, se deforestaron 51.600 hectáreas, 25% más que en el mismo período de 2022 (41.332 hectáreas).
Si te preguntás por qué los intereses privados continúan destruyendo bosques enteros, la respuesta es: para hacer más espacio donde criar ganado y plantar soja que luego venden al exterior, en especial a Asia y Europa. Algo que ocurre sobre todo en la región del Gran Chaco, que es el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
Es decir, sacrifican a nuestros bosques para satisfacer una demanda extranjera de carne (la soja alimenta a los cerdos que comen en China, por ejemplo) para ganancia de los mismos de siempre.
4 provincias sufren 80% de la deforestación
Chaco y Santiago del Estero se quedan en la cima de las provincias en las que hubo más desmontes ilegales. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, explica que gran parte de esta actividad está por fuera de la ley porque “En Santiago del Estero el gobierno viola la Ley Nacional de Bosques al autorizar desmontes para ganadería donde no está permitido. Mientras que en Chaco la justicia provincial suspendió los desmontes a fines de 2020, pero las topadoras avanzan cada vez más”.
En Formosa y Salta, la mayor parte de esas actividades está permitida por las autoridades provinciales. Sin embargo, también se registran desmontes ilegales como el que denunciamos desde Greenpeace recientemente en Salta en el campo del empresario Juan José Karlen.
Desmontes en el norte del país, provincia por provincia
- Chaco 24.522 hectáreas
- Santiago del Estero 19.040 hectáreas
- Formosa 5.804 hectáreas
- Salta 2.234 hectáreas
¿Qué hacer para frenar la deforestación?
En total estamos hablando de 51.600 hectáreas de bosques perdidos en la primera mitad del año. Cifra que también podríamos traducir en los cientos de especies quedaron sin su hábitat y en los kilómetros de cobertura vegetal rota, que deja el suelo expuesto al sol y la erosión del agua. Incluso en las toneladas de dióxido de carbono que esos bosques no absorberán o el oxígeno que ya no producirán.
En conclusión: “Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia. Es hora de terminar con la impunidad“, afirma Giardini.
Está claro que “Las multas no son suficientes para terminar con este ecocidio. Penalizar los desmontes ilegales parece la única solución”. Por eso, cierra Giardini, “Convocamos a la gente a participar de la Consulta Popular para decidir si está de acuerdo con penalizar la destrucción ilegal de bosques nativos”.